Grasas trans en el punto de mira


La Comisión Europea publicó ayer un informe (.pdf, 593 kB) sobre las grasas trans, en el que se revela bastante preocupación por los mismos, especialmente por aquellos que son producidos industrialmente.

Uno de los motivos principales de esta inquietud es la salud de los ciudadanos y el gasto en sanidad que supone este problema, ya que los AGT (ácidos grasos trans) son los macronutrientes que más aumentan el riesgo de cardiopatías, especialmente si superan el 2% de la ingesta diaria. En la UE los pocos datos disponibles arrojan una cifra de consumo inferior al 1%, pero existen grupos de población con mayor riesgo, como los ciudadanos cuya edad está comprendida entre los 18 y 30 años, y aquellos con bajos ingresos.

Una serie de productos, como la bollería, sopas y salsas, entre otros, son los candidatos perfectos para contener una elevada cantidad de AGT, pero esto es muy variable dependiendo del país. En países como Francia o Alemania existe más seguridad en este aspecto que en otros como Suecia o Polonia.

El informe añade que la mayoría de ciudadanos no saben lo suficiente sobre los AGT, y con el nivel de conocimiento actual no podrían tomar decisiones totalmente saludables para su dieta.

 

Problemas para el mercado

Si la salud les preocupa, hay otro factor muy, muy importante: el mercado. Temen que se produzca una fragmentación interna. Ya son cuatro los estados miembros que han establecido su propia normativa, más restrictiva que en el resto, y eso supone un escollo a la hora de comerciar fácilmente.

Por otro lado, La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) ha sorprendido decidiendo la retirada de los aceites parcialmente hidrogenados, principal fuente de AGT en alimentos procesados, y ha dado un plazo de tres años a los fabricantes. Esto afectaría al mercado entre Europa y EEUU, ya que muchos de nuestros productos no podrían venderse allí.

 

Ante este panorama, hacen un llamado a la acción mencionando cinco posibles medidas:

 

  • Establecer un límite legal de contenido.

 

  • Obligación de declarar el contenido, pero sin establecer un límite.

 

  • Acuerdos voluntarios por parte de las empresas para reducirlo.

 

  • Aconsejar mediante directrices, de cumplimiento voluntario por parte de los gobiernos.

 

  • No hacer nada y que los gobiernos decidan sus legislaciones.

 

La intención primera es convocar una consulta pública, parece ser que inminente, y estudiar a fondo el problema para tomar una decisión bien fundamentada en un futuro próximo.

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